Las agencias impugnarán la orden ministerial si no les excluye del registro de viajeros   

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) han anunciado la impugnación de la orden ministerial para el desarrollo del real decreto que regula el registro de reservas, debido a que el Gobierno “continúa haciendo oídos sordos a las peticiones sectoriales”, entre ellas la de excluir a las agencias de viajes de su aplicación.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones informan de que sus departamentos legales ya están trabajando con un despacho de abogados especializado para argumentas sus alegaciones. También podrían acudir a las instituciones de la Unión Europea.

Para las agencias, la orden ministerial “está yendo mucho más allá de lo que una norma de ese rango competencial debe regular, ampliando las obligaciones de las agencias de viajes". Además, señalan que les sigue requiriendo "la comunicación de datos que es imposible que éstas conozcan en el momento de la reserva”.

Según la declaración común de los presidentes de ACAVe y UNAV, Jordi Martí y José Luis Méndez, respectivamente, “es una completa disfuncionalidad que se siga manteniendo de forma absurda a las agencias de viajes dentro de esta normativa, aspecto, por tanto, que no podemos más que lamentar”.

Uno de los argumentos esgrimidos es que "la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no incluye a las agencias de viajes entre los sujetos obligados a proporcionar datos sobre los viajeros al Ministerio del Interior y estas disposiciones administrativas no pueden incorporarlas. Nunca han estado sujetas a esta obligación legal porque carece de justificación desde la perspectiva de la seguridad pública”, aseguran.

ACAVe y UNAV señalan que la mayoría de las agencias de viajes no tienen capacidad para hacer frente a las nuevas obligaciones. Muchas necesitarán ampliar personal con el incremento de costes que eso les supone.

Un mes después de la entrada en vigor de la norma, muchas agencias han manifestado que la nueva normativa "está colapsando sus medios administrativos", además de que existen muchos problemas operativos en su aplicación, según denuncian las asociaciones que las representan.

En España, “la mayoría de agencias son pymes y micropymes con un personal muy reducido y estas gestiones les exigen una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas”, recuerdan.

Asimismo protestan por la “seria afectación comercial” que está provocando la nueva legislación: “los mercados internacionales están mostrando su preocupación por el elevado volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se realizará de los mismos".