El Parlamento Europeo adapta la normativa sobre viajes combinados a la era digital

El Parlamento Europeo adapta la normativa sobre viajes combinados a la era digital

Los viajes combinados, formados por varias partes y comprados en Internet por un precio único o a través de páginas enlazadas, contarán con la misma protección que los paquetes contratados en agencias de viajes, gracias a las nuevas normas aprobadas por el Parlamento Europeo.



 

Los viajeros tendrán más opciones para cancelar el contrato y deberán contar por anticipado con información clara sobre quién es el responsable en caso de problemas.

La normativa sobre paquetes de vacaciones se aplicará a dos tipos de contrato: los combinados ofrecidos por los operadores o diseñados por el viajero y un nuevo método de reserva, denominado viajes enlazados, en el que el comprador es guiado, por ejemplo, tras reservar un billete de avión, para contratar un nuevo servicio –como un coche de alquiler– a través de un enlace.

Estas ofertas enlazadas, en las que el nombre del cliente, sus detalles de pago y la dirección de correo electrónico son transferidas de un proveedor a otro y se concluye un segundo contrato menos de 24 horas después de la adquisición del primer servicio, serán considerados un viaje combinado a efectos de la legislación.

Antes de que el viajero adquiera ninguna responsabilidad contractual, el vendedor debe dejar claro que está contratando un paquete e informar al usuario de sus derechos y de cuál es la entidad responsable en caso de que algo vaya mal, recalca el texto aprobado por los eurodiputados. Los operadores también deberán facilitar información aproximada sobre las horas de salida y regreso, así como indicación de posibles recargos.

Los consumidores podrán cancelar su viaje combinado y recuperar su dinero si el precio total sube más del 8%  o por circunstancias excepcionales e inevitables en el lugar de destino, como desastres naturales o ataques terroristas.

El voto del Parlamento pone punto final al proceso legislativo. Los Estados miembros tienen ahora dos años para trasladar los cambios a la legislación nacional, y seis meses adicionales para comenzar a aplicarlos.