¿En qué medida habría que regular el llamado ?consumo colaborativo? del coche?

JOSÉ MARÍA CÁNOVAS DEL CASTILLO, socio fundador de TAKSEE.

 

En los últimos días los medios de comunicación se han inundando de noticias sobre el sector del taxi, las nuevas apps que ponen en contacto a clientes con conductores y el llamado consumo colaborativo, mezclando conceptos que creo que merecen ser aclarados. Si bien, desde mi punto de vista, no creo que un travel manager que esté leyendo estas líneas vaya a asumir la responsabilidad de enviar a un compañero de su empresa que está bajo la responsabilidad legal In itinere (en el camino) sin despejar las garantías habituales.

Por un lado encontramos a un sector excesivamente regulado como es el taxi. En España, y en Europa en general, cada municipio o área metropolitana tiene su propia regulación. Encontramos puntos en común en los requisitos para los taxistas (carnet de conducir tipo BTP, ausencia de antecedentes penales), número limitado de licencias, tipo de vehículos homologados, tarifas aplicables, área geográfica de actuación, horas de trabajo, días de descanso o vacaciones obligatorias, así como seguros obligatorios para desempeñar esta actividad.

Por otro lado, encontramos nuevas apps que facilitan la contratación anticipada de un servicio asociado tradicionalmente al lujo, como son los vehículos oscuros de alta gama llamados en el sector VTC (Vehículos Turísticos con Conductor). Este tipo de servicio representa a la competencia tradicional del sector del taxi, ya que, a efectos prácticos, actúan en todo el territorio nacional aplicando tarifas pactadas anticipadamente con el cliente.

La Unión Europea, mediante la famosa Directiva Bolkestein ha tratado de liberalizar la prestación de este y otros servicios, si bien las transposiciones nacionales han limitado los objetivos originales ante las protestas del sector del taxi. De este modo, en España sólo se concede una licencia VTC por cada 20 licencias de taxi.

Finalmente, llegamos a un fenómeno que ha tomado mucha fuerza durante estos años de crisis: el consumo colaborativo, el trueque o, dicho de otro modo, el compartir entre varios consumidores los costes de adquisición o de producción de un producto o servicio. En lo referente al transporte por carretera también han surgido apps que facilitan compartir trayectos entre particulares.

Es una nueva manera de hacer el antiguo autostop, compartir entre compañeros de trabajo el coche para poder utilizar el Bus VAO de la carretera de La Coruña en Madrid o un grupo de padres que se turnan cada semana para llevar los hijos al colegio. Las autoridades han reconocido que esta práctica, siempre que sea sin ánimo de lucro, es completamente legal, es de sentido común y estoy completamente de acuerdo.

Lo que las autoridades no deberían permitir es que, con la excusa del consumo colaborativo se esté dando cobertura legal por la puerta de atrás a nuevos taxis piratas que casualmente realicen frecuentemente el trayecto entre Plaza de Cataluña y el aeropuerto de El Prat o en épocas de feria en Madrid entre Ifema y la estación de Atocha.

Los actores de este sector se deben regir por normas claras, justas y estables en el tiempo. Para que los prestadores frecuentes de servicios colaborativos pudieran competir con el taxi con unas garantías mínimas para el cliente, estos conductores y sus vehículos deberían cumplir entre otros los siguientes requisitos:

• El conductor debería estar en posesión del carnet de conducir BTP y presentar el certificado de penales. De esta manera, se aseguraría al cliente una calidad y seguridad mínima. El objetivo sería evitar incidentes como el que ocurrió el pasado mes de noviembre en el que tres jóvenes que compartían un viaje Madrid – Valencia se vieron involucrados en una persecución policial al saltarse el conductor, un delincuente en búsqueda y captura, un control policial de la Guardia Civil.
• Estos prestadores de servicios colaborativos deberían contar algún tipo de licencia similar a los taxistas o VTC que permitiera desarrollar la actividad en un entorno de certidumbre y seguridad jurídica.
• Por su parte, si el vehículo tuviera una antigüedad superior a 5 años debería pasar las inspecciones de ITV con una periodicidad similar a los taxis, es decir cada 6 meses.
• Se deberían liberalizar las tarifas para todos los actores del mercado de manera que pudieran ofrecer un servicio competitivo que redundara en beneficio del cliente en lugar de la situación actual en la que los taxistas están obligados a aplicar unas tarifas y los VTC disfrutan de libertad de precios.
• Habría que ampliar el territorio de prestación del servicio, pasando de los actuales límites territoriales a un ámbito de actuación nacional o incluso europeo.
• Finalmente, al desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro, las obligaciones fiscales de los diferentes actores deberían ser equiparables al nivel de actividad o facturación que se realizase.

Es decir, cualquier actividad económica que se desarrolle en un país civilizado debe estar sometida a un marco de actuación que aporte seguridad jurídica, tanto a los consumidores como a los actores de dicho mercado. No tienen ningún sentido que unos actores, los taxis y los VTC, tengan que estar sometidos a múltiples regulaciones mientras que por otro lado se desarrolle una actividad económica, “transporte colaborativo con ánimo de lucro”, sin una regulación justa y equiparable.

El avance imparable de la tecnología, la mayor exigencia por parte de los consumidores que se ha producido en cientos de sectores en los últimos años también ha llegado al sector del transporte discrecional. La irrupción de modelos de negocio disruptivos en sectores tradicionales es imparable por lo que las autoridades escuchando a los diferentes actores del mercado deben a definir un marco competitivo justo y equilibrado donde el objetivo sea conseguir un servicio de transporte más moderno, profesional y de mayor calidad para el cliente.

A modo de conclusión, ante el llamado consumo colaborativo el regulador debe velar por que la innovación sume valor sin restar las garantías conseguidas. Es lo que se merece el ciudadano y el ecosistema de transporte. Y ante esa alternativa, será la sociedad la que pueda elegir de forma justa la solución que más se adapte a sus necesidades.